La guerra contra las drogas se ha
convertido en un política publica de alcance global hegemónica en el sistema
internacional. Desde hace varias décadas la discusión y la acción de los
gobiernos en esta materia se ha centrado en el combate a la producción y el
trafico de drogas, bajo la cuestionable premisa de que golpeando la oferta los
costos de adquisición de las drogas aumentarían, desincentivando el consumo.
En México, esta política a tomado un
papel central en la acción del estado durante el sexenio calderonista. Sin
embargo la estrategia del gobierno ha resultado fallida a todas luces. No solo
no ha logrado su objetivo (la reducción de la demanda a partir de elevar sus
costos) si no que a acarreado un saldo de mas de 60000 asesinatos, 20000
desaparecidos y cientos de miles de desplazados, así como fomentado el
debilitamiento del Estado de derecho y generado una percepción generalizada de
inseguridad en la ciudadanía. El gobierno mexicano se ha empecinado en mantener
una política que asume que el problema central es el consumo mismo de drogas
(mas allá de los daños que esto pueda generar) y que por tanto asume como único
objetivo el erradicar el consumo. Esto implica que las políticas publicas sean
analizadas tan solo sobre sus mismos supuestos (la reducción del consumo de
drogas) y no en función del impacto que generan en la vida de las personas.
Desde esa perspectiva, el gobierno ha
sido miope ante las contradicciones que genera el paradigma prohibicionista, y
que acarrean consecuencias terribles tanto para los consumidores como para la
población en general. Estas contradicciones pueden agruparse, con fines
puramente analíticos, en tres ejes:
la disponibilidad clandestina. En
términos de los usuarios, esto implica un incremento en los daños potenciales
del consumo de drogas. Implica que cualquiera que quiera tener acceso a estas
substancias ha de conseguirlas en el mercado negro, exponiéndose a un contexto
altamente violento. Al mismo tiempo, genera una lógica de ganancia por parte de
la oferta, bajando la calidad de la substancia e incentivando la aparición de
drogas mas peligrosas pero mas rentables. Ademas, genera que los mercados de
distintas substancias estén juntos, de manera que el transito de una a otra se
facilita.
En terminos sociales, la
disponibilidad clandestina es el nodo central del narcotráfico, que no solo
genera millones de dolares que se mueven fuera de la economía formal, si no que
construye a su alrededor un contexto de ultra violencia.
Desinformación y estigmatisación. La
lógica prohibicionista, al plantear que el problema es el consumo mismo de
drogas, genera que la información corriente sobre las drogas planten un falso
continum entre el consumo y la adicción, al tiempo que no diferencia entre las
distintas substancias. Esto genera que quien halla consumido alguna droga
desacredite por completo la información que se le ha ofrecido, al quedarle
demostrada su falsedad. Al mismo tiempo, genera una visión eticamente
reprobable del consumo, generando un proceso de estigmatisación social y
criminalisación que margina a los consumidores. Esto dificulta el acceso a
tratamientos, al tiempo que provoca que la mayoria de estos estén centrados en
el abstencionismo como única solución. Este proceso de estigmatisación se ve
autoreforsado, puesto que bajo el actual paradigma la investigación sobre
usuarios se limita a poblaciones problemáticas (cárceles y centros de
rehabilitación) como si fueran representativos del universo de consumidores.
Renuncia del Estado. La lucha del
Estado en contra de la existencia misma de las drogas ha generado que este
renuncia a intervenir en la regulación de distintos ámbitos de la vida social,
renunciando a priori a toda política enfocada a la reducción de los daños
generados por el consumo.
Así, los problemas de las drogas en
general resultan una construcción producto del prohibicionismo, al tiempo que
este paradigma impide la acción enfocada a disminuir los daños que el consumo
que distintas substancias generan.
Estas contradicciones generadas por el
prohibicionismo tienen distintas repercusiones en cada sector social. En
particular, acarrean serios peligros para las juventudes. Esto no se debe al
carácter juvenil de los jóvenes, ni es consecuencia de ninguna condición
ontológica de este grupo etario. Es mas bien consecuencia de la interacción
entre el prohibicionismo y el modelo económico político actual, así como de su
construcción adultocentrica.
Los jóvenes vivimos con una serie de
desventajas estructurales. La taza de desempleo nacional, ya alta para la
población en general, es casi de doble para este grupo etario, alcanzando casi
los diez puntos porcentuales. No existen programas gubernamentales para
garantizar el acceso a la salud como un derecho de lo jóvenes. De hecho, la
mayoría de los programas sociales existentes están construidos considerando
como unidad fundamental la familia, siendo acreedores a sus beneficios los
jóvenes solo por su adscripción a esta. Es decir, la relación del Estado como
garante de bienes públicos para con los jóvenes se limita a su adscripción como
personas subordinadas a la estructura familiar. Los programas enfocados
directamente a los jóvenes se limitan a cuestiones como deporte o sexualidad,
cosas “de jóvenes”, sin contemplar su acceso a sus derechos ciudadanos.
Esto nos lleva a una limitación
estructural en el ejercicio del derecho a la emancipación de la tutela
paternal. De hecho, los jóvenes nos desvolvemos en un mundo construido sobre el
estigma paternalista-tutelar desde el cual se nos ve como seres incompletos,
“en formación”, que han de ser encaminados por el buen camino.
La concepción tutelar respecto a la
juventud encuentra una alta afinidad electiva con la lógica paternalista del
paradigma prohibicionista. Así, los jóvenes aparecen ante los oj0os de la
sociedad como un grupo proclive a “caer en la drogas”, generando un estigma que
identifica a los jóvenes con el consumo de drogas. Este estigma se ve reforzado
por varios mecanismos. La visión paternalista enfoca la gran parte de las
campañas informativas y preventivas a los jóvenes. Esto, de nuevo, esta
sustentado tan solo en el prejuicio de que los jóvenes deben ser tutelados,
generando la impresión de que los jóvenes son los únicos potenciales
consumid0ores. Ademas, la posibilidad de que los menores de edad puedan ser
inscritos en programas de rehabilitación por decisión de sus padres ha llenado
los centros de rehabilitación de población joven. Por otro lado, esta
persecución paternal, junto con la imposibilidad de los jóvenes de construir
sus propios espacios habitacionales, orilla a la mayoría de los consumidores de
drogas jóvenes al consumo callejero, incrementando los riesgos de la violencia,
tanto estatal como no estatal. Así, las cárceles van llenándose de jóvenes que
consumen drogas en la vía publica, al tiempo que se vuelven un objetivo
fácilmente enganchable por las redes de narcomenudeo. Esto genera que el
mecanismo de autoreforsamiento del estigma consumidor-consumidor problemático
arriba descrito incluya un nexo importante con la juventud, incrementando la
persecución de los jóvenes. Así se construye socialmente la falaz dualidad
joven-drogadicto.
Por otro lado, la dificultad
estructural que enfrentan los jóvenes para alcanzar la independencia económica
y social, la negación de un futuro claro en el que puedan desarrollarse
plenamente, y en particular de conseguir empleo, hace que los jóvenes
fácilmente puedan ver en el trafico de drogas una única salida. En este sentido
el Estado no solo a renunciado a la reducción de daños del consumo de drogas,
si no que su negligencia en garantizar los derechos sociales y económicos de
este grupo etario a acarreado una cercanía importante entre este grupo y la
violencia asociada al trafico de drogas.
Es decir, la condición de
vulnerabilidad de los jóvenes en cuanto a las problemáticas alrededor de las
drogas no se explican ni por la juventud ni por las drogas. Son el resultado de
las interacciones entre las contradicciones que genera el paradigma
prohibicionista y las desventajas estructurales del modelo económico-político
actual, así como del paradigma adultocentrico tutelar que rige no solo las
relaciones de los jóvenes con los adultos si no su relación con el Estado.
POR UN CONSUMO LIBRE, INFORMADO Y RESPONSABLE
