27/7/12

Drogas y juventud




La guerra contra las drogas se ha convertido en un política publica de alcance global hegemónica en el sistema internacional. Desde hace varias décadas la discusión y la acción de los gobiernos en esta materia se ha centrado en el combate a la producción y el trafico de drogas, bajo la cuestionable premisa de que golpeando la oferta los costos de adquisición de las drogas aumentarían, desincentivando el consumo.

En México, esta política a tomado un papel central en la acción del estado durante el sexenio calderonista. Sin embargo la estrategia del gobierno ha resultado fallida a todas luces. No solo no ha logrado su objetivo (la reducción de la demanda a partir de elevar sus costos) si no que a acarreado un saldo de mas de 60000 asesinatos, 20000 desaparecidos y cientos de miles de desplazados, así como fomentado el debilitamiento del Estado de derecho y generado una percepción generalizada de inseguridad en la ciudadanía. El gobierno mexicano se ha empecinado en mantener una política que asume que el problema central es el consumo mismo de drogas (mas allá de los daños que esto pueda generar) y que por tanto asume como único objetivo el erradicar el consumo. Esto implica que las políticas publicas sean analizadas tan solo sobre sus mismos supuestos (la reducción del consumo de drogas) y no en función del impacto que generan en la vida de las personas.

Desde esa perspectiva, el gobierno ha sido miope ante las contradicciones que genera el paradigma prohibicionista, y que acarrean consecuencias terribles tanto para los consumidores como para la población en general. Estas contradicciones pueden agruparse, con fines puramente analíticos, en tres ejes:

la disponibilidad clandestina. En términos de los usuarios, esto implica un incremento en los daños potenciales del consumo de drogas. Implica que cualquiera que quiera tener acceso a estas substancias ha de conseguirlas en el mercado negro, exponiéndose a un contexto altamente violento. Al mismo tiempo, genera una lógica de ganancia por parte de la oferta, bajando la calidad de la substancia e incentivando la aparición de drogas mas peligrosas pero mas rentables. Ademas, genera que los mercados de distintas substancias estén juntos, de manera que el transito de una a otra se facilita.
En terminos sociales, la disponibilidad clandestina es el nodo central del narcotráfico, que no solo genera millones de dolares que se mueven fuera de la economía formal, si no que construye a su alrededor un contexto de ultra violencia.

Desinformación y estigmatisación. La lógica prohibicionista, al plantear que el problema es el consumo mismo de drogas, genera que la información corriente sobre las drogas planten un falso continum entre el consumo y la adicción, al tiempo que no diferencia entre las distintas substancias. Esto genera que quien halla consumido alguna droga desacredite por completo la información que se le ha ofrecido, al quedarle demostrada su falsedad. Al mismo tiempo, genera una visión eticamente reprobable del consumo, generando un proceso de estigmatisación social y criminalisación que margina a los consumidores. Esto dificulta el acceso a tratamientos, al tiempo que provoca que la mayoria de estos estén centrados en el abstencionismo como única solución. Este proceso de estigmatisación se ve autoreforsado, puesto que bajo el actual paradigma la investigación sobre usuarios se limita a poblaciones problemáticas (cárceles y centros de rehabilitación) como si fueran representativos del universo de consumidores.

Renuncia del Estado. La lucha del Estado en contra de la existencia misma de las drogas ha generado que este renuncia a intervenir en la regulación de distintos ámbitos de la vida social, renunciando a priori a toda política enfocada a la reducción de los daños generados por el consumo.
Así, los problemas de las drogas en general resultan una construcción producto del prohibicionismo, al tiempo que este paradigma impide la acción enfocada a disminuir los daños que el consumo que distintas substancias generan.

Estas contradicciones generadas por el prohibicionismo tienen distintas repercusiones en cada sector social. En particular, acarrean serios peligros para las juventudes. Esto no se debe al carácter juvenil de los jóvenes, ni es consecuencia de ninguna condición ontológica de este grupo etario. Es mas bien consecuencia de la interacción entre el prohibicionismo y el modelo económico político actual, así como de su construcción adultocentrica.


Los jóvenes vivimos con una serie de desventajas estructurales. La taza de desempleo nacional, ya alta para la población en general, es casi de doble para este grupo etario, alcanzando casi los diez puntos porcentuales. No existen programas gubernamentales para garantizar el acceso a la salud como un derecho de lo jóvenes. De hecho, la mayoría de los programas sociales existentes están construidos considerando como unidad fundamental la familia, siendo acreedores a sus beneficios los jóvenes solo por su adscripción a esta. Es decir, la relación del Estado como garante de bienes públicos para con los jóvenes se limita a su adscripción como personas subordinadas a la estructura familiar. Los programas enfocados directamente a los jóvenes se limitan a cuestiones como deporte o sexualidad, cosas “de jóvenes”, sin contemplar su acceso a sus derechos ciudadanos.

Esto nos lleva a una limitación estructural en el ejercicio del derecho a la emancipación de la tutela paternal. De hecho, los jóvenes nos desvolvemos en un mundo construido sobre el estigma paternalista-tutelar desde el cual se nos ve como seres incompletos, “en formación”, que han de ser encaminados por el buen camino.

La concepción tutelar respecto a la juventud encuentra una alta afinidad electiva con la lógica paternalista del paradigma prohibicionista. Así, los jóvenes aparecen ante los oj0os de la sociedad como un grupo proclive a “caer en la drogas”, generando un estigma que identifica a los jóvenes con el consumo de drogas. Este estigma se ve reforzado por varios mecanismos. La visión paternalista enfoca la gran parte de las campañas informativas y preventivas a los jóvenes. Esto, de nuevo, esta sustentado tan solo en el prejuicio de que los jóvenes deben ser tutelados, generando la impresión de que los jóvenes son los únicos potenciales consumid0ores. Ademas, la posibilidad de que los menores de edad puedan ser inscritos en programas de rehabilitación por decisión de sus padres ha llenado los centros de rehabilitación de población joven. Por otro lado, esta persecución paternal, junto con la imposibilidad de los jóvenes de construir sus propios espacios habitacionales, orilla a la mayoría de los consumidores de drogas jóvenes al consumo callejero, incrementando los riesgos de la violencia, tanto estatal como no estatal. Así, las cárceles van llenándose de jóvenes que consumen drogas en la vía publica, al tiempo que se vuelven un objetivo fácilmente enganchable por las redes de narcomenudeo. Esto genera que el mecanismo de autoreforsamiento del estigma consumidor-consumidor problemático arriba descrito incluya un nexo importante con la juventud, incrementando la persecución de los jóvenes. Así se construye socialmente la falaz dualidad joven-drogadicto.

Por otro lado, la dificultad estructural que enfrentan los jóvenes para alcanzar la independencia económica y social, la negación de un futuro claro en el que puedan desarrollarse plenamente, y en particular de conseguir empleo, hace que los jóvenes fácilmente puedan ver en el trafico de drogas una única salida. En este sentido el Estado no solo a renunciado a la reducción de daños del consumo de drogas, si no que su negligencia en garantizar los derechos sociales y económicos de este grupo etario a acarreado una cercanía importante entre este grupo y la violencia asociada al trafico de drogas.
Es decir, la condición de vulnerabilidad de los jóvenes en cuanto a las problemáticas alrededor de las drogas no se explican ni por la juventud ni por las drogas. Son el resultado de las interacciones entre las contradicciones que genera el paradigma prohibicionista y las desventajas estructurales del modelo económico-político actual, así como del paradigma adultocentrico tutelar que rige no solo las relaciones de los jóvenes con los adultos si no su relación con el Estado.







POR UN CONSUMO LIBRE, INFORMADO Y RESPONSABLE